Vic. Roca. Comodín de la llamada.

Primera página de La Vanguardia de hoy:

“El dictamen de Roca dice que Vic no infringe la ley”.

Por “Roca”, se refiere al bufete de abogados Roca Junyent y que parece concluir, entre otras cosas, con la siguiente afirmación “la actuación del Ayuntamiento de Vic no puede ser tachada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la Ley”.

Puede que estén en lo cierto, pero.. ¿a qué viene citar tan destacadamente la autoría del dictamen/informe? ¿criterio de autoridad? ¿sobre un despacho de abogados?

Hay muchas más dudas que no resuelve el artículo ni, seguramente, el informe. Así, con independencia de que hayan o no aspectos jurídicos poco claros que requieran de aclaraciones o “declaraciones de validez o suficiencia” por parte de otra autoridad:

a) ¿quién debe solicitar dichas aclaraciones?

b) Si es el Ayto. (que parece lo lógico) ¿por qué no haber pedido esas “aclaraciones”/”pronunciamientos” antes de variar sus criterios?

c) El resto de Aytos. de Cataluña y España… ¿no tienen dudas? ¿no necesitan de esas “aclaraciones”?

d) Mientras “se consulta”, ¿qué se hace ante una petición concreta de empadronamiento?

Reitero: puede que la posición de Vic sea jurídicamente válida, pero por ahora, no es consistente, en tanto que, en lugar de argumentos sólidos, se “escudan” (informes externos incluidos) en ver qué pueden pensar/interpretar terceros.

De haber realmente creído estar en lo correcto, el informe sería previo, las consultas oportunas se hubieran hecho y las respuestas estarían ya preparadas para su exhibición pública y contraste. Y quien no estuviera de acuerdo, que fuese a exponer su postura a los tribunales, quienes dirimirían la cuestión.

Reconozco que no tolero bien que cosas tan importantes se hagan de una manera tan chapucera y luego se intente dar un “lustre” que no es/debería ser tal.

¿Habrá informe “x” contra dictamen “y”? ¿Pagados por y a beneficio de quien?