Leo en “La Vanguardia” de hoy (página 9, sección Internacional) el artículo “El Gobierno danés quiere aprobar el matrimonio gay por la Iglesia”.
Al parecer, la Iglesia del Pueblo Danés (luterana) es la Iglesia nacional siendo el Estado danés el que abona las facturas. Dice el artículo: “.. el hecho de ser una Iglesia nacional hace que su administración dependa del Estado (..). Así que el episcopado no le quede otro remedio que acatar la decisión que tome el Parlamento, que es la autoridad legislativa de la Iglesia”.
Entiendo, en consecuencia, que cualquier falta administrativa (y no digamos ya infracción del código penal) será en Dinamarca, cuanto menos, un pecado. Al estilo de los denominados “pecados sociales” y el mítico 'Quien no recicle basura irá al infierno'.
Si lo mismo pasase por aquí, cada partido político con representación parlamentaria reclamaría para sí un número de catedrales, monasterios, parroquias y monaguillos proporcionales a sus votos/escaños. Incluso es posible que, desprestigiado el Senado, empleasen a sus “viejas glorias” como arzobispos o cardenales.
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