Reparto de Dinero Público

No es la primera vez. De hecho, ocurre cada año y en todas las instancias, pero no por ello es correcto.

Hoy se publica en el DOGC la “RESOLUCIÓN JUS/2526/2010, de 22 de julio, por la que se otorgan subvenciones a entidades jurídicas sin ánimo de lucro vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria”.

Se trata de “repartirse”… 660.000,00 euros.

• Fundación Rafael Campalans, vinculada al Partit dels Socialistes de Catalunya, la cantidad de 156.445 euros.

• Fundación Ramon Trias Fargas, vinculada a Convergencia Democrática de Cataluña, la cantidad de 166.222 euros.

• Fundación Josep Irla, vinculada a Esquerra Republicana de Cataluña, la cantidad de 102.667 euros.

• Fundación Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn, vinculada a Unió Democràtica de Cataluña, la cantidad de 68.444 euros.

• Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, vinculada al Partit Popular, la cantidad de 68.444 euros.

• Fundación Nuevos Horizontes, vinculada a Iniciativa per Catalunya, la cantidad de 48.889 euros.

• Associació Ciutadans pel Canvi, vinculada a la Federació de Partits Ciutadans pel Canvi, la cantidad de 24.444 euros.

• Associació Egara - Civitas, vinculada a Ciutadans - Partit de la Ciutadania, la cantidad de 14.667 euros.

• Fundación la Alternativa, vinculada a Izquierda Unida y Alternativa, la cantidad de 9.778 euros.

Según la norma, es “una subvención para sufragar total o parcialmente proyectos, estudios o actividades que llevan a cabo este año 2010, dirigidos a difundir y profundizar el pensamiento, democrático, político y social”. Si es así… ¿por qué los importes siempre son en proporción a su representación parlamentaria y no con motivo a los específicos “proyectos, estudios o actividades” presentados?.

Se ha “institucionalizado” y “pervertido” tanto, pero tanto, el tema de las cuotas, que ya sea en el reparto del dinero, de los asientos en consejos de administración o de determinados tribunales, que el sistema entero es obscenamente inmoral. Y cuando afecta a dinero público o la administración de justicia, escandaloso.